Conservación sin Pueblos Indígenas, ¿es conservación?

Emilio Pallares

La correlación entre los paisajes más biodiversos del mundo y los
territorios pertenecientes a grupos indígenas es clara. Los Pueblos Indígenas
han demostrado ser los guardianes ideales de sus territorios debido a su
estrecha relación con los mismos. Los esquemas de conservación tradicionales,
especialmente los que buscan soluciones basadas en el mercado, han sido
problemáticos ya que no reconocen realidades locales ni profundizan en temas
relacionados a los pueblos indígenas, su cosmovisión, y sus derechos
particulares. En la actualidad, se proponen nuevas maneras de abordar el tema
de la conservación, bajo ideas como la conservación Indígena y la cogestión
territorial.

La
territorialidad es uno de los aspectos más importantes dentro de la cosmovisión
de los Pueblos Indígenas. Asegurar el derecho a los Pueblos Indígenas a un
determinado territorio es fundamental para garantizar la existencia y
supervivencia de sus miembros y de las culturas milenarias que representan. Si
bien existe una gran diversidad de perspectivas, en términos generales, la
concepción del territorio para los Pueblos Indígenas difiere de las nociones
occidentales que dominan el panorama político, social y económico actual, que
se acercan al territorio desde el mercantilismo y poder político. Dad Neba, del pueblo originario Kuna, concibe el territorio de la siguiente manera: “…nuestras tierras, territorios y recursos, son elementos fundamentales que permiten la continuidad histórica y la plenitud de la vida, la espiritualidad y el desarrollo social, cultural, económico, político y humano, vinculado a nuestra cosmovisión, la cual consiste en la relación profunda con la Madre Tierra”. Esta noción del territorio considera
que la tierra tiene vida, y se compone de una serie de elementos
interconectados, situando a las personas como parte de esta compleja e
interconectada red, y no como dueñas de los recursos que la componen. El
desarrollo de estas nociones holísticas e integrales del territorio se debe,
entre otros factores, a la condición única que tienen los pueblos indígenas de
coexistencia y estrecha relación con el medio. Los ríos y sus aguas, por
ejemplo, no son vistos como recursos explotables. Son elementos necesarios para
la pervivencia de los miembros de las comunidades ya que aseguran la vida
misma. El territorio no solo garantiza la vida de los Pueblos Indígenas, sino
que también define su cultura, la cual garantiza la transmisión
intergeneracional de conocimientos como la adaptación al medio y el uso
sostenible de los recursos naturales. La protección de su territorio es una
prioridad para los Pueblos Indígenas, y el reconocimiento legal de los mismos
es más importante que nunca debido a la expansión de industrias extractivas
como la minería y el petróleo.

Generalmente,
los territorios Indígenas presentan altos grados de conservación, y son una
garantía para el uso sostenible de los recursos. De acuerdo a datos presentados
por el proyecto MAAP, los territorios adjudicados a pueblos Indígenas presentan
menores índices de deforestación que territorios. “En promedio durante los
cinco años (2017-2022), los territorios indígenas tuvieron la tasa general de
pérdida de bosque primario más baja (0,14%), seguidos de cerca por las áreas
protegidas (0,15%)”^[1]. Este dato demuestra la importancia de
garantizar el derecho legal al territorio para los pueblos Indígenas, pero
también la necesidad de incluir a los pueblos Indígenas en esfuerzos de
conservación. 

La conservación
se ha convertido en una prioridad a nivel mundial debido a la rápida pérdida de
ecosistemas claves y a las nefastas consecuencias que esto puede traer para la
vida en el planeta tierra. Los argumentos a favor de la conservación ambiental
son varios, la mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio
climático, la provisión de servicios ecosistémicos, y la protección de la
naturaleza por su valor intrínseco. Si bien las intenciones detrás de conservar
son positivas y buscan garantizar una vida plena para todos y todas, existen
importantes desafíos que deben ser considerados para asegurarnos que la
implementación de estos esfuerzos de conservación no se den a costa de los
pueblos indígenas y comunidades locales que habitan los sitios claves para la
conservación. En esencia, la conservación no debe desconocer la existencia de
grupos que han habitado sus territorios tradicionales por milenios. En el
paradigma actual, son los estados quienes determinan las zonas de conservación
y son responsables de proteger los recursos naturales, pero son también los
estados quienes buscan la explotación de los recursos en pro del crecimiento
económico. Los pueblos indígenas muchas veces se encuentran en medio de estas
prácticas conflictivas, y muchas veces el estado manipula a su favor a estos
grupos, desconociendo la conexión que tienen con el territorio. Prácticas como
la caza y la pesca, llevadas a cabo a pequeña escala y mediante técnicas
ancestrales, suelen ser demonizadas y consideradas antitéticas a la
conservación, sin reconocer el derecho de los pueblos al uso sostenible de los
recursos naturales que forman parte de sus territorios. La antropóloga
boliviana Silvia Rivera habla del fenómeno del “Indio permitido” cuando se
refiere a la visión de que los pueblos Indígenas deben seguir un cierto guión
dictado por la visión exógena de conservación donde no es aceptable el uso de
recursos ni otras interacciones con los recursos naturales a pesar de responder
a procesos culturales milenarios. En este sentido, se ha usado al concepto de
conservación como un instrumento de colonización y control de los estados sobre
los territorios, sus recursos y las personas que los habitan. Por otra parte,
están los conflictos que nacen a raíz de nuevas maneras de capitalizar la
conservación de tierras, especialmente aquellas relacionadas a sistemas de pago
por resultados (PPR) y mercados de carbono. Este tipo de esquemas, si bien
representan una manera viable de crear incentivos para la conservación e
incluir a más actores que habitualmente no tenían un interés en esta práctica,
tienen su lado problemático. Aparte de problemas inherentes a este esquema,
como lo es incentivar el  “greenwashing”,
cuya adopción puede, últimamente, obstruir la transición a un modelo realmente
sostenible a futuro, existen problemas en la implementación local que han llegado
a afectar de manera directa a comunidades originarias y pueblos indígenas. Uno
de los mayores problemas en este sentido es la designación apurada de
territorios como áreas de conservación para así poder ser consideradas dentro
del mercado. En muchos casos, el desconocimiento de la realidad local por parte
de los organismos que apoyan proyectos de titularización o demarcación de áreas
para la conservación, ha llevado a problemas de superposición territorial,
generando conflictos entre comunidades locales y afectando el tejido social de
las mismas. Esto se debe a una falta de diagnósticos reales llevados a cabo en
territorio, pero también de la falta de aplicación de principios fundamentales
que defienden a los pueblos indígenas y comunidades locales como lo es el
derecho al consentimiento previo libre e informado.

¿Cómo podemos transicionar a una conservación que reconozca,
visibilice y sitúe a los pueblos indígenas como sujetos clave dentro de los
procesos? La clave está en darle potestad a los actores locales, en este caso a
los pueblos indígenas. Es pasar de la noción del “indio permitido” a la noción,
por ejemplo, del “estado permitido” o la “industria permitida”, modelos en los
que la toma de decisiones pasa por procesos autodeterminados propios de las
comunidades Indígenas y locales que habitan los territorios. Estos nuevos
modelos apuntan a la conservación participativa, y han tomado diferentes formas
en los diferentes territorios. En el caso peruano, se ha trabajado desde hace
algún tiempo en modelos de cogestión con el estado, y como resultado de una
persistente lucha, comunidades indígenas organizadas han logrado obtener el
reconocimiento de sus territorios en forma de reservas comunales. Estas
reservas comunales son una categoría de Área Natural Protegida (ANP) en la que
la gestión es compartida entre el Estado y el Ejecutor del Contrato de
Administración (ECA) en un modelo de cogestión. Este enfoque se desarrolla en
estrecha colaboración con las organizaciones y representaciones indígenas, así
como con aliados locales estratégicos. En la actualidad, existen 10 reservas
comunales que unen a cerca de 200 comunidades indígenas asociadas,
representando a 20 pueblos indígenas, y estas son administradas por 9 ECAs
Indígenas. Si bien este modelo tiene sus deficiencias y limitaciones, su establecimiento
y desarrollo representa un paso en la dirección correcta para reconocer y
resaltar el papel de los pueblos Indígenas dentro de los procesos de
conservación a nivel mundial.