\u00abEl presente art\u00edculo propone que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al derecho a la tierra de los pueblos ind\u00edgenas le corresponde el mismo esquema conceptual que al derecho a la vida digna. Este ensayo sostiene que, por su relevancia en el goce de otros derechos y su relaci\u00f3n con las responsabilidades democr\u00e1ticas primordiales del Estado, ambos tienen una importancia superior.Como tales, imponen obligaciones negativas y positivas al Estado, y permiten fusionar las categor\u00edas tradicionales de derechos civiles y pol\u00edticos y de derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales. Este art\u00edculo tambi\u00e9n considera la interpretaci\u00f3n fija del derecho a la propiedad en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos como objeci\u00f3n a un derecho a la titulaci\u00f3n de las tierras ind\u00edgenas ancestrales. Tambi\u00e9n, discute las repercusiones econ\u00f3micas considerables de una conclusi\u00f3n jur\u00eddica y su posible interferencia con la esfera pol\u00edtica. Asimismo, esta propuesta responde a objeciones y concluye que los conceptos de vida digna y de derecho ind\u00edgena a la propiedad constituyen ocasiones \u00fanicas y an\u00e1logas para desarrollar las obligaciones positivas de los Estados\u00bb<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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