Preguntas Frequentes
Es el derecho que tienen los Pueblos Indígenas para que el gobierno les consulte antes de tomar una decisión que les pueda afectar directamente. La decisión que deberá ser consultada puede ser de dos clases: administrativa o legislativa.

  • Será una decisión administrativa, por ejemplo, el otorgamiento de una concesión minera o petrolera.
  • Una decisión legislativa puede ser una ley, un decreto supremo, una ordenanza regional o municipal.
La consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas enmarcado en una serie de derechos y reconocimientos particulares por parte de la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos. Los derechos colectivos son parte de los llamados derechos de tercera generación cuyo reconocimiento internacional fue históricamente posterior a la de los derechos civiles y políticos (primera generación) y a la de los derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación).
Se ha dicho que tanto las medidas legislativas y administrativas deben ser sometidas a consulta, antes de su formulación, aprobación y ejecución.

En definitiva, se someten a un proceso de consulta previa todas las propuestas de medidas que afectan los derechos o condiciones de vida de los pueblos indígenas, cualquier que sea el nivel de su adopción (local, nacional, regional o internacional).
Si. La CPLI es un derecho vinculante y es de obligatorio cumplimiento para todas las partes.

    A nivel internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que ha conocido, se ha pronunciado y ha expresado sobre unas condiciones mínimas que los Estados deben cumplir en todo proceso de consulta previa libre e informada.

     

    Esta debe realizarse de acuerdo a las siguientes etapas:


    1. Inicio del Proceso. De oficio o a solicitud de los pueblos indígenas. Debe ser un proceso accesible y eficaz
    2. Preparación. La Autoridad debe prepararse para llevar a cabo un proceso de consulta adecuado, entre otros informarse sobre los pueblos afectados y sobre los impactos y consecuencias de la medida, elaborando los estudios necesarios.
    3. Planificación y Coordinación. La autoridad debe coordinar y consensuar su realización con las instituciones representativas de los pueblos indígenas afectados mediante un plan de consulta
    4. Ejecución. Los procesos de consulta se implementan de acuerdo a los planes de consulta consensuados entre las autoridades y los pueblos indígenas. El proceso se desarrolla según procedimientos adecuados, de manera apropiada a las circunstancias y con flexibilidad, permitiendo la plena expresión de las opiniones de los pueblos interesados
    5. Seguimiento y Monitoreo. La autoridad debe crear mecanismos eficaces y transparentes de seguimiento de los procesos de consulta previa, contando con indicadores consensuados con los pueblos afectados. Los pueblos indígenas deben participar en ese mecanismo. Se debería fomentar mecanismos de identificación continua de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

     

     

    El Estado debe realizar la consulta previa, libre e informada.

Cuando en un territorio indígena se tiene conocimiento de que no se ha hecho la consulta, las comunidades o grupos organizados pueden solicitar una demanda de acción de amparo, de tutela de protección de derechos. Su nombre varía dependiendo en el país en que se encuentre. Pero se trata de una acción de protección de derechos constitucionalmente protegidos.

En Ecuador se denomina Acción de Protección Art. 88.
Todas las personas que se encuentren afectadas pueden participar en el proceso de CPLI
  • Enfoque basado en los Derechos Humanos. Relacionado el derecho a la libre determinación, a la autonomía y autogobierno, a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura, a sentar sus propias prioridades para el desarrollo, a la propiedad o posesión sobre sus territorios y recursos naturales.
  • Respeto de la identidad cultural y autonomía. El Estado debe respetar y reconocer las distintas instituciones y autoridades representativas y de toma de decisión de los pueblos indígenas.
  • Carácter sistemático. Los procesos de participación y consulta previa se desarrollan de manera sistemática, de acuerdo a reglas y procedimientos claros y transparentes.
  • Transparencia.  Se difunde información clara, completa y accesible sobre los procesos de participación y consulta previa en todas sus fases, desde la propuesta de medida hasta el monitoreo de los procesos.
  • Carácter Previo y Reversibilidad de la medida. Los pueblos indígenas deben participar en los procesos de toma de decisiones que les afectan antes de que se adopten las decisiones. El involucramiento debe garantizarse lo antes posible, desde las primeras etapas.
  • Buena fe y Libertad. El Estado debe actuar de buena fe, manifestando en todas sus actas un deseo sincero de alcanzar los objetivos los procesos participativos o de consulta previa.
  • Información. El Estado debe generar y difundir información completa, correcta, objetiva y entendible acerca de la medida propuesta, sus fundamentos, consecuencias e impactos. La difusión se hace de manera oportuna, continua, accesible y culturalmente adecuada, tomando en cuenta las características de todos los pueblos afectados (ubicación, lengua, cultura, etc.). El Estado brinda asistencia financiera a los pueblos indígenas para garantizar su información completa
  • Dialogo. La participación y consulta previa son instrumentos de diálogo constructivo, entendido como un proceso continuó en el cual se busca entender a la otra parte, en un clima de confianza y respeto mutuo.
  • Flexibilidad. Los procesos de participación y consulta previa se desarrollan de manera flexible, adecuada a las circunstancias y a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, con miras a lograr los objetivos de los procesos participativos o de consulta previa.
  • Recursos necesarios. El Estado debe destinar los recursos humanos y financieros que sean necesarios para llevar a cabo los procesos participativos y de consulta de una manera conforme a los presentes principios
  • Plazo razonable. Los pueblos indígenas deben gozar de plazos razonables para organizarse, informarse, difundir la propuesta a sus bases, generar su propia información, analizar y evaluar la información, deliberar y tomar sus decisiones acerca de las medidas propuestas.
  • El Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales del 26 de junio del 1989, en particular sus art. 2, 6, 7, 15 y 33.
  • La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 13 de setiembre del 2007, en particular sus artículos 18, 19, 32, 41 y 42
  • Constitucion Nacional de los Países que reconozcan los derechos de los Pueblos Indígenas 
  • Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en el caso Saramaka, Sarayaku y otros, y las recomendaciones del Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.