En el año 2013 se aprobó la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 conocida como la reforma energética en México, tanto en hidrocarburos como en el sector eléctrico. A pesar de que el gobierno federal ha insistido en los beneficios que traerá esta reforma, siguen existiendo opiniones divergentes desde distintos sectores. El gobierno federal señala que algunos de los objetivos que dirigen la reforma energética, particularmente en lo que respecta al sector eléctrico, son bajar las tarifas eléctricas, sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias, y fomentar la utilización de gas natural en la generación eléctrica. En adición a esto, la reforma ha sido catalogada por el gobierno como una oportunidad histórica para aprovechar los recursos energéticos de México y detonar su potencial para el beneficio de la población (Gobierno de la República de México 2014).
No obstante, como se observará a lo largo del presente documento, la reforma energética parece constituir (…) un peligro para la propiedad social y es un paso más -quizás el más grande y profundo-, en la tendencia privatizadora y de despojo de las tierras agrarias y recursos naturales y es al mismo tiempo, un ataque a la Asamblea1 como espacio de toma de decisiones y forma de organización social y política (Gómez Godoy 2014).