En México, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales es un fenómeno estructural. Lejos de limitarse a casos aislados o aleatorios, esta forma de
exclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que
—sobre la base de estereotipos— restringen los derechos de las personas. Prácticamente todas las instituciones facilitan (o favorecen)
las diferencias de trato injustificadas: desde las familias, donde se excluye a hijos e hijas que no se ajustan a las expectativas sociales, hasta
escuelas, centros laborales o el Estado, cuyas políticas tienden incluso
a ignorar la diversidad. Esto se ha reproducido a lo largo de la historia
por generaciones.