Han pasado 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones
Unidas, y aunque en este período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio
internacional en derechos humanos, se ha centrado mayormente en los derechos civiles y
políticos, cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está
conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no
estatales que permanecen en la impunidad.