En Colombia la Ley 388 de 1997 contempla las áreas protegidas como un determinante del ordenamiento territorial y las clasifica como suelos de protección, sin embargo debido a la diversidad del contexto social y político la integración de las áreas protegidas en los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial es incipiente, hecho que unido a los impulsores indirectos de cambio global conflicto armado, desplazamiento, pobreza, desarrollo sectorial a costa del capital natural y riesgo, que transforman de manera acelerada el uso del suelo, ponen en riesgo la conservación de los socioecosistemas