El derecho a la Consulta Previa es una oportunidad para escuchar la siempre excluida voz de los pueblos indígenas. A través de ella las normas de derecho internacional como nacional han permitido incluir en la esfera pública la agenda indígena. Pero tener una ley y reglamento, como es el caso peruano, no es suficiente, pues existe a la vez el deber del Estado de aplicar y explicar de buena fe la consulta respetarla y a la vez sin generar falsas expectativas, así como determinar la real magnitud de la misma, como los actores intervinientes.