El proyecto de Ley General de Biodiversidad, presentado el pasado 25 de octubre en la Cámara de Senadores, justifica la necesidad de su expedición en los siguientes argumentos[1]:
Incorporar el Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana.
Integrar las disposiciones de biodiversidad en un solo ordenamiento que tenga disposiciones transversales y señale la concurrencia entre los tres niveles de gobierno.
Fortalecer y actualizar las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).
Conservar la biodiversidad de México.