Para el Gobierno de México, el pleno reconocimiento de los
pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público es una de las grandes prioridades del proceso de transformación nacional. Por ello, resulta fundamental emprender acciones encaminadas a saldar la deuda histórica con estos pueblos y promover su visibilización y, sobre todo, su participación activa en la toma de decisiones.