El sector energético en México sigue privilegiando el uso de combustibles fósiles, a
pesar de las implicaciones ambientales y conflictos socio ambientales que lo anterior
pudiera llegar a representar.
La reforma energética constitucional y su legislación secundaria no incorporan de
manera transversal aspectos fundamentales como los derechos humanos, el cambio
climático, las energías renovables, la incorporación del costo generado por las externalidades
ambientales y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos
de las actividades energéticas. Tampoco se contemplan mecanismos para contabilizar,
prevenir o minimizar los posibles impactos ambientales y sociales resultado de la generación
y uso de la energía.
Mediante su implementación, se corre el riesgo de que se provoquen daños, menoscabos
y perjuicios a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte.