Hace ya varias décadas irrumpe en el escenario sociopolítico latinoamericano un importante movimiento indígena, que demanda a los Estados nacionales garantías a sus derechos fundamentales. Un aspecto primordial para avanzar en la implementación de esos derechos es la visibilización de las situaciones de inequidad que los afectan, como condición necesaria para diseñar políticas públicas oportunas y pertinentes y establecer sistemas de indicadores para su monitoreo y evaluación.