La extracción de recursos naturales en tierras habitadas por pueblos indígenas podría convertirse en un elemento clave para el desarrollo socio-económico de estos territorios. Sin embargo, esto no sucede en la mayoría de casos. Menos cuando los miembros de los pueblos indígenas de la Región Andina se encuentran ante la realidad de proyectos que ya están en ejecución o próximos a ejecutarse en sus tierras o deben enfrentarse a numerosas dificultades para acceder a información sobre el proyecto y sus consecuencias o sobre la empresa que lo ejecuta, lo que se suma a los obstáculos de idioma y falta de conocimiento de los mecanismos jurídicos de protección de sus derechos, así como a la imposibilidad fáctica de participar en la toma de decisiones sobre sus tierras.