El perfil epidemiológico de los pueblos indígenas está asociado a altos índices de pobreza, desempleo, analfabetismo, migración, falta de tierra y territorio, destrucción del ecosistema, alteración de la dinámica de vida, aislamiento geográfico y marginación. Estos factores estructurales determinan las necesidades básicas insatisfechas en estos pueblos. La mortalidad materna, la mortalidad infantil, la malaria, la tuberculosis, el VIH/SIDA, los problemas asociados a la falta de acceso a los servicios básicos, salud, agua, vivienda y saneamiento básico, junto a problemas de seguridad alimentaria y salud mental, entre otros, están presentes en la mayoría de las comunidades indígenas1.
El derecho a la salud –entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social–, es un derecho fundamental de todo ser humano, y fue consagrado como tal en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho también está relacionado con otros derechos (derecho a la vida e integridad personal) reconocidos en distintos instrumentos internacionales.