A partir de la década de 1980, los gobiernos de turno en
México impulsaron un conjunto de reformas legales y
políticas con el fin de disminuir el rol del Estado en la
promoción y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población. Al igual que en otros países de América Latina, consignas del tipo “estabilización macroeconómica, austeridad fiscal, disminución del rol del Estado en la actividad productiva y liberalización de la economía” pasaron a ocupar un lugar privilegiado en el discurso de quienes ostentaban el poder
político en México.