Igualdad e inclusión en las medidas del Estado para afrontar el COVID19

4 de abril 2020 – En Perú, el Estado ha tomado medidas para afrontar las consecuencias de la pandemia del Coronavirus (COVID19). Hoy vivimos en medio de medidas de aislamiento social obligatorio, protocolos de salud, la educación desde casa de manera virtual, bonos económicos para las familias pobres, congelamiento de deudas financieras, dotación de alimentos. Los Pueblos Indígenas (PPII) se han visto excluidos en sus necesidades de vida cotidiana y esto se manifiesta en los altos niveles de desempleo, ingresos más bajos que el promedio, nivel de educación inferior, el acceso a los servicios de salud intercultural, entre otros. Es conocido que muchas de las políticas y planes públicos de los  PPII no han sido tomadas en cuenta o hayan recogido las propuestas desde los PPII para darle el enfoque intercultural en las medidas adoptadas.

El artículo 25° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que los Estados tienen la obligación de poner a disposición de los Pueblos Indígenas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. De igual forma, establece que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados sin discriminación alguna. Por ello resulta importante que las diferentes medidas frente a la pandemia que hoy adolece, se deban programar y organizarse a nivel comunitario con cooperación de los Pueblos Indígenas en cuanto a su planificación y administración (Artículos 24°, y 25.2 respectivamente).

Los Pueblos Indígenas se encuentran entre la población más vulnerable, se estima que la población indígena de América Latina alcanza alrededor de 44 millones de personas quienes por lo general enfrentan niveles de pobreza y discriminación, así como bajo acceso a la salud, educación, saneamiento y otros servicios. En el Perú viven actualmente 55 pueblos indígenas u originarios, de ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. Como también existen PPII en situación de aislamiento y contacto inicial, quienes están expuestos a  vulnerabilidad sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica. En cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el 25.80 por ciento de la población censada (equivale a 5 millones 985,551 personas) se ha identifica como parte de algún pueblo indígena u originario.

Para la Defensoría del Pueblo dentro del grupo de especial protección se encuentran los PPII, por lo que “la existencia de diversas culturas en nuestro país, lejos de valorarse como un aporte, ha puesto en evidencia diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, expresados en el escaso ejercicio de sus deberes y derechos, así como en la escasa participación en la toma de decisiones, aun cuando se trate de factores que afectan a su desarrollo. La carencia de una política integral que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas debe ser una prioridad en el país”.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Lizardo Cauper, declaró que:

“en las comunidades nativas no hay información clara, precisa y oportuna, por lo que sugerimos mayor difusión de información, concientización y socialización, vemos que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) no cuenta con un plan de contingencia para Pueblos Indígenas en condición vulnerable”.

Desde el Consejo Directivo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Tabea Casique del pueblo Asháninka de la Amazonía peruana, expresó la preocupación de los pueblos indígenas:

“somos conscientes que este virus causaría el exterminio humano en nuestras comunidades. En las ciudades existen hospitales a menos de cinco minutos, en las comunidades sucede lo contrario, para obtener una atención médica tienes que viajar por horas, días y semanas. La muerte de nuestros sabios y sabias causaría una pérdida inmensa a la población indígena, ellos son nuestras bibliotecas vivas que poseen y transmiten conocimientos tradicionales de generación en generación”.

Asimismo, hacen un llamado a los gobiernos de turno a coordinar con sus organizaciones para canalizar y viabilizar acciones concretas frente a esta pandemia. Las organizaciones indígenas activamente solicitan más información sobre la prevención de esta pandemia en sus propias lenguas para todos los pueblos indígenas.

 “Los pueblos indígenas por iniciativa propia cerramos los accesos a las vías de fronteras territoriales, en cumplimiento del estado de emergencia sanitaria decretada por los gobiernos. Debe haber contingencia de auxilio inmediato, en caso de que exista pacientes indígenas en las comunidades, movilidad de transporte terrestre, fluvial, aéreo, crear cercos en las comunidades para evitar la propagación de la pandemia en los Pueblos Indígenas, crear organismos de Pueblos Indígenas con toma de decisión política y presupuesto para atender estos casos de emergencia, en salud, educación, economía y otros de interés colectivo”, expresó la líder indígena Tabea Casique.

Los PPII desde la gobernanza indígena vienen tomando acciones en sus territorios, generando propuestas para gestiones conjuntas con las diferentes autoridades de gobierno, algunas propuestas reflejadas en pronunciamientos y exhortaciones para ser tomados en cuenta y tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones del Estado, como cualquier ciudadano.

Por su parte, Ruth Buendía, (activista medioambiental y líder indígena reconocida con el Premio Medioambiental Goldman 2014) solicita al Estado la rápida implementación de puestos de salud, hospitales, lo más cercano a las comunidades.

“Pedimos capacitar y formar a los funcionarios de salud en interculturalidad, en diferentes pueblos de la Amazonía peruana. Exhortamos a las autoridades a coordinar entre sectores como salud, educación y gobiernos locales para que puedan hacer los descartes del COVID19 a los docentes, funcionarios y profesionales de salud que vienen trabajando directamente con las comunidades, debido a que este personal viene de las distintas ciudades del país y están coordinando con autodefensa y con las autoridades comunales. El dengue, la malaria, la desnutrición y la anemia aqueja a nuestros pueblos y no se han venido combatiente ni dando la importancia necesaria, ahora tenemos que luchar frente al virus COVID19”.

Ruth Buendía resaltó que la interculturalidad en salud es un tema que aún falta desarrollar con mayor importancia en la agenda del Estado,

“no olvidemos que el esfuerzo del Estado sobre la interculturalidad surgió como respuesta a reivindicaciones de Pueblos Indígenas y de su derecho a la identidad cultural, en ese sentido, esperamos que las medidas educativas vía virtual u otros medios de comunicación sean inclusivas, considerando el enfoque intercultural y la realidad de nuestros niños”.

A través de los diferentes medios de comunicación se ha venido dando a conocer que las condiciones de los servicios de salud es una de las mayores preocupaciones de los PPII, para muchos el sistema de salud occidental ha sido impuesto en las comunidades sin tener en cuenta realidad cultural y económica, el sistema de salud de zonas urbanas o urbano marginales no han podido replicarse en los PPII donde carecen de acceso a servicios básicos como agua, electricidad, entre otros.

En el artículo 12° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que, los Estados Partes (firmantes) deben proteger el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dando importancia a la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.

 En esta misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación General N° 1414, trae sobre análisis para este contexto, que es importante que el Estado debe garantizar que el derecho a la salud de los PPII sea disponible, accesible y aceptable. Todo ello por la importancia de contar con un número suficiente de establecimientos, insumos, equipamientos y profesiones de la salud, teniendo en cuenta las condiciones de lejanía y dispersión poblacional; en el factor económico, que todos y todas estén afiliados a un seguro, y de igualdad para que no sean discriminados por pertenecer a una determinada etnia, de esta manera, contar con personal formado y capacitado para dar un servicio integral con enfoque intercultural.

Tarea importante la del Ministerio de Salud del Perú ya encaminada a la labor de articular la Política Sectorial de Salud Intercultural, así como las estrategias y normas en salud intercultural para orientar y alcanzar el bienestar de los PPII, quienes deberán desarrollar acciones de sensibilización, capacitación, materiales informativos para abordar con pertinencia intercultural en las diferentes estrategias de prevención y control de diversas afectaciones a la salud. El gobierno peruano ha priorizado la salud de los peruanos sobre la economía, hoy más que nunca la protección de la salud es de interés público, donde la salud pública es responsabilidad primaria del Estado y la responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el ciudadano, la sociedad y el Estado. La salud intercultural tendrá que tener también un escenario importante de cara a la lucha del COVID19 sumado al dengue, malaria, la anemia y la desnutrición y otros.

Disponibilidad y acceso a alimentos para los PPII para afrontar la pandemia

Foto por: Cesar Von Bancels

 El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental, y como tal debe ser protegido especialmente para la población más vulnerable.

Diferentes estudios demuestran que los Pueblos Indígenas afrontan un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición que otros grupos, ya que padecen niveles más elevados de pobreza, una menor disponibilidad de recursos y una creciente dependencia de alimentos más económicos, aunque con un alto grado de procesamiento.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria en noviembre de 2009, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, o FAO por sus siglas en inglés, se comprometieron a “fomentar activamente el consumo de alimentos, especialmente los producidos localmente, que contribuyan a dietas diversificadas y equilibradas, como el mejor modo de hacer frente a las carencias de micronutrientes y otras formas de malnutrición, en particular entre los grupos vulnerables”.

Los PPII tienen que desempeñar una función fundamental en la promoción de dietas sostenibles y sistemas alimentarios resistentes. Al mismo tiempo, la “soberanía alimentaria” de los PPII se encuentra en riesgo por la erosión de los sistemas alimentarios tradicionales. Para los PPII, “seguridad alimentaria” también significa el derecho a elegir los tipos de alimentos que se desea comer y preparar de acuerdo con métodos tradicionales. Las dietas sostenibles basadas en alimentos locales conservan tanto los ecosistemas como las tradiciones de los pueblos indígenas. Por consiguiente, el derecho a la alimentación está estrechamente relacionado con el cumplimiento de derechos culturales y los dos deberían aplicarse conjuntamente.

El valor del rol de la mujer indígena en el sembrío, cosecha y preparación de alimentos en las comunidades siempre buscando acomodarse a la economía familiar, y la disponibilidad de alimentos acorde a las temporadas estacional y climáticas, sin duda se tendrá que apoyar con iniciativas desde de las autoridades, en este periodo de aislamiento para acudir a las necesidades alimenticias con una valoración de la nutrición indígena con productos y preparados locales a su alcance.

 El COVID19 en la Amazonia

Foto por: Marita Domper

Algunas organizaciones como COICA y AIDESEP han venido haciendo expresiones y solicitudes para ayuda humanitaria, quienes también pidieron al gobierno peruano adoptar medidas de protección para hacer frente a la propagación del COVID19, así como pidieron la intervención Naciones Unidas y la comunidad internacional para que vigilen su particular situación. Exhortando también a que se garantice el acceso a la alimentación, “protegiendo la economía de pervivencia de las comunidades productoras” y asegurando fuentes de alimentación propia, y acciones de vigilancia y protección de los territorios invadidos por “petroleros, mineros y madereros”.

Un líder indígena suma a la lista de los 1595 infectados por el COVID19 en Perú al 3 de abril, asimismo, se informó del primer caso de contagio en la ciudad de Nauta, este último contagiado se ubica en una las ciudades de tránsito y de conectividad a las comunidades indígenas situadas en las cuencas del Marañón, Corrientes, Tigre, y otras. La Amazonía indígena se ha declarado en emergencia por el COVID19.

Escrito por: Martín Vásquez – Coordinador de Programa Equitable Origin Perú y  Marita Domper – Especialista en Comunicación.