Asegurar los derechos territoriales para los pueblos indígenas es una estrategia clave que puede producir beneficios sociales, ambientales y económicos importantes para las comunidades locales y la sociedad en general. En Colombia, durante los últimos años las organizaciones indígenas locales, el Gobierno y la cooperación internacional han unido esfuerzos para lograr avances significativos en relación con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. A través de estas colaboraciones, más de 660.000 hectáreas de tierras que abarcan ecosistemas importantes han sido legalmente tituladas a las comunidades indígenas y ahora están bajo su manejo sostenible. La constitución y ampliación de estas áreas ha ayudado a asegurar una mayor conectividad de los ecosistemas al conectar territorios que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, generando corredores de conservación compuestos por un mosaico de áreas protegidas y resguardos indígenas.
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