La nueva relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas empieza a materializarse con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que, para el cumplimiento de su mandato, reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público. Este paso establece las condiciones para que la política pública del Estado mexicano se diseñe e implemente en coordinación con dichos pueblos, garantizando el reconocimiento y el respeto de sus derechos fundamentales.